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Cese de funcionarios interinos e indemnización

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Cese de funcionarios interinos e indemnización
 

      En los últimos tiempos estamos asistiendo a un intenso debate, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, sobre las consecuencias del cese de los denominados trabajadores indefinidos no fijos de la Administración. En el mismo ha adquirido fuerza la idea de que el cese, sea cual sea la causa-aparte cuestiones disciplinarias- ha de ser indemnizado, fundamentalmente por la aplicación del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada de 18 de marzo de 1999 y la directiva en la que figura como anexo (Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999. El hecho de que el cese de funcionarios interinos se realice sin indemnización alguna independientemente de las vicisitudes de su relación con la Administración crea, a nuestro juicio, un discriminación insostenible que aún no ha tenido eco.

    Desde nuestro punto de vista la Directiva 1999/70/CE prohíbe que, en aquellos casos en los que la relación funcionarial no se haya desarrollado de forma plenamente ajustada a la ley, el cese sea no indemnizado. No debemos perder de vista que el estatuto funcionarial se ha convertido en refugio de muchas administraciones para huir de la aplicación de la normativa laboral, de tal manera que se están produciendo situaciones claramente fraudulentas con un pretendido amparo en el art.10 EBEP aplicándolo a situaciones tan claramente laborales como los planes de empleo.

   No debemos olvidar que la Directiva se aplica tanto a personal laboral temporal como a personal estatutario con vínculo de duración determinada (STJUE de 22 de octubre de 2010) o, lo que es lo mismo, a los funcionarios interinos; y que dicha norma exige, no sólo un trato no discriminatorio de los trabajadores temporales, sino, además, que cuando se producen situaciones abusivas en el empleo de contrataciones temporales de trabajadores, la norma nacional opere en base a los principios de equivalencia y  efectividad de la norma europea.

    Es decir, por un lado, que el mero hecho de situar una relación laboral de forma nominal en el ámbito del derecho público, no puede ser obstáculo para que ante situaciones similares a las que se producen en el ámbito de la normativa social, la respuesta no sea equivalente; y, por otro, que no es admisible santificar actuaciones que impliquen la inexistencia de medidas disuasorias para evitar fraudes de ley (ATJUE de 11 de diciembre de 2014 (rec. C-86/2014).

     La cuestión es de plena actualidad, y plantea la necesidad de que el cese de funcionarios interinos con relaciones de muchos años, durante los que la Administración ha incumplido todas las normas que a su paso encontraba manteniendo situaciones inaceptables desde la perspectiva de la igualdad y la confianza legítima, han de tener derecho a la correspondiente indemnización.

    Hasta el momento, la justicia social española se ha limitado mayoritariamente a señalar, ante la reclamación por despido de un funcionario interino, la inadmisibilidad por falta de jurisdicción, aceptando la decisión formal de la Administración como “mano de santo” y sin levantar el velo para contemplar el trasfondo desde el punto de vista material.

    Es el caso de una de la  STSJ de Asturias de 13 de marzo de 2015 (rec. 369/2015) en la que ante la reclamación por despido por cese de funcionarios interinos contratados como trabajadores para un plan de empleo, acoge la excepción de falta de jurisdicción, rechazando abordar la relación administrativa prejudicialmente. La tesis se fundamenta desde el orden social de la siguiente forma:

“…la pretensión deducida, objeto de litigio, cualquiera que sea la forma en que se haya planteado, es, en realidad, una pretensión propia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, pues lo que subyace a la petición explícitamente deducida es la impugnación de una decisión de la Administración: el nombramiento como funcionario interino. Es ésta la verdadera pretensión ejercitada, y tal pretensión, en cuanto impugnatoria de un acto de la Administración no puede ser conocida por la Jurisdicción Social. Dicen las Sentencias del mismo Alto Tribunal de 20 Abril 1992 y 27 Febrero 1996 que «cuando se deduce la pretensión que da origen a la litis, la relación existente “inter partes” es la que media entre la Administración y sus funcionarios, bien que éstos sean interinos, y toda relación funcionarial -en la que la Administración actúa como sujeto de Derecho Público- se interesa típica y exclusivamente en el ámbito jurídico-administrativo, que es el marco propio y único en que la misma ha de desarrollarse», por lo que «toda la problemática que pueda surgir en torno a tal principio de relación sólo puede ser conocida y resuelta por los órganos judiciales pertenecientes al orden Jurisdicción Contencioso-Administrativo».

    No obstante, entendemos que no es posible diseñar como elegible arbitrariamente la opción (laboral o estatutaria), sin atender al fondo material de la relación, pues si ante situaciones equiparables, se sostiene que un trabajador goza de derecho con base a un nomen iuris y otro no, entonces la discriminación es patente y contraria al ordenamiento español y al comunitario (en sentido contrario, si bien ante una situación diferente, el propio Tribunal asturiano declara como despido nulo un cese de funcionario interino – STSJA de 27 de junio de 2014, rec. 1120/2014).

   En la misma línea ha de contemplarse la equiparación en el tratamiento de los trabajadores laborales interinos a los indefinidos en el caso de extinción por amortización de puestos, cuestión de trtamiento judicial fluctuantes (STS 24 de julio de 2014, rec. 217/2013).

   Por ello, ha de considerarse que en este aspecto, al igual que en mucho otros, existe una clara discriminación que tarde o temprano habrá de encontrar adecuada respuesta en nuestros tribunales directamente o mediante el planteamiento prejudicial ante la justicia comunitaria.

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