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Bases selección o promoción: impugnación indirecta.

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Bases selección o promoción: impugnación indirecta.
 

   En los últimos tiempos, la posibilibidad de impugnar indirectamente las bases reguladoras de procesos selectivos o relacionados con la carrera profesional de los empleados de la Administración, se ha visto ampliada considerablemente cuando, con motivo de una actuación administrativa incardinada en los citados procesos, se produce una violación del derecho comunitario  contraria al principio de efectividad del mismo.

  La línea doctrinal básica de la que ha de partirse, es la que entiende que, en los supuestos de convocatorias públicas con  publicación de bases con los requisitos de admisión y puntuación, éstas constituyen la “Ley” del concurso, y que si dichas bases no son objeto de impugnación por el interesado en el plazo establecido en la normativa nacional, con posterioridad no se puede invocar su ilegalidad para impugnar el resultado del proceso selectivo en lo que afecta al interesado,al imponermo el principio de seguridad jurídica.

   Sobre ese criterio general, ya se venía admitiendo la excepción de que la impugnación indirecta y diferida encontraba una excepción cuando la la aplicación de unas bases tenía por resultado la vulneración de un derecho fundamental. En ese caso se considera posible denunciar en el momento final del proceso selectivo ese defecto ya que el mismo constituye un supuesto de nulidad radical y absoluta prevista en el artículo 62.1 a) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la aceptación inicial en ningún caso pudo suponer la subsanación de aquellas, de forma que la falta de impugnación inicial de aquellas bases no supone un impedimento para la impugnación indirecta de las mismas en el momento en que la lesión al derecho fundamental se concreta, lo cual ocurre en el momento de su aplicación.

  No se admite así, una vulneración tan sustancial del ordenamiento jurídico quebrantando un derecho fundamental en aplicación de las bases del proceso correspondiente , que puede ser combatida en el momento en que se produce esa aplicación ( Tribunal Constitucional en sentencias: 93/1995 de 19 de junio , 193/1987 de 9 de diciembre , 200/1991 de 28 de octubre , y 107/2003 de 2 de junio).

  Más recientemente, con ocasión de la aplicación del derecho comunitario, en concreto de las directivas que afectan al empleo público, se entiende que es posible la impugnación indirecta de la convocatoria y bases, cuando tal acción es necesaria para que se respeten los “principios de equivalencia y efectividad” del derecho comunitario.

  Este es el caso analizado por la STJUE de 8 de setiembre de 2011 se aborda el caso de un funcionario de carrera que se presenta a un proceso selectivo y tras resultar aprobado, se le excluye por considerar que los servicios prestados como funcionario interino en el mismo puesto no pueden considerarse a efectos de la antigüedad exigida en defecto de título. Frente a ese acto administrativo, recurre el funcionario por considerarlo contrario a la Directiva 1999/70  CE (Acuerdo marco anexo), encontrándose el juez nacional con que las bases impedían la consideración de los servicios prestados como interino. Ante esa situación el TUE, tras recordar que el plazo preclusivo para impugnar las bases no se opone per se a la efectividad del derecho comunitario, concluye que “sin embargo, tal plazo no podría oponerse a un funcionario de carrera, candidato a dicho proceso selectivo, que fue admitido al mismo y cuyo nombre figuraba en el listado definitivo de aprobados de dicho proceso, si podía hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Acuerdo marco. En tales circunstancias, el plazo de dos meses sólo podría empezar a correr desde la notificación de la resolución por la que se anulaba su admisión a dicho proceso y su nombramiento como funcionario de carrera del grupo superior.”.

  Se trata, sin lugar a dudas, de un vía que, sin arrumbar la doctrina general, va a permitir, en casos concretos, el recurso indirecto contra actos administrativos como las bases de procesos selectivos o de promoción.

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