Subscribirse: Articulos | Comentarios

LEY 39/2016: LA OPORTUNIDAD PÉRDIDA (I).

0 comentarios
LEY 39/2016: LA OPORTUNIDAD PÉRDIDA (I).
 

La ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, estaba llamada a desempeñar un papel fundamental en la regulación de la actuación de la Administración Pública – el servicio público- ; sobre todo, si se tiene en cuenta que su principal justificación se encuentra en la incorporación de la Administración electrónica a la relación con los ciudadanos. Por eso hemos de ser claros desde el principio: es una norma deficiente, elaborada desde el apresuramiento, apegada al problema concreto y cuyo principal objetivo es la eficiencia.

     No es que la eficiencia constituya para nosotros un objetivo desdeñable; antes al contrario, es un valor de primer orden que ha de incorporarse con fuerza en las bases jurídicas que disciplinen el actuar administrativo. Sin embrago, nunca se alcanza la eficiencia cuando la planificamos apresuradamente.

       Es preciso que no perdamos de vista el hecho de que nos encontramos ante la norma más importante del Derecho Administrativo que ya había sido castigado suficientemente con la mediocre Ley 30/1992. Y también es necesario compararla con aquella Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, para darnos cumplida cuenta de que la nueva norma es justamente lo contario. No estamos ante una norma más, sino ante un texto legal que se imbricará en todas y cada una de las actuaciones del poder público español dejando en ellas su impronta.

     Una reforma del calado pretendido, ha de ser una oportunidad única para dotarnos de una ley que firmemente asentada en los principios constitucionales y aprovechando el gran cambio cultural producido en la percepción de la Administración durante las dos últimas décadas, construya las bases de un poder público moderno y eficiente, pero también: innovador, transparente, garantista, abierto e inclusivo – humano en definitiva.

     Para poner esos cimientos, ha de operarse partiendo de principios jurídicos que, por descontado, no son asimilables a los tenidos en cuenta en 1992, y desde ahí crear normas jurídicas de carácter básico y rango legal. Normas concebidas al margen de las prisas y de los casos concretos; maduradas, pensando en el servicio público a largo plazo, por mentes capaces de innovar y sentar las bases sobre las que pueda evolucionar todo el entramado normativo que regirá el servicio público español – las normas coyunturales deben reservarse para objetivos cyunturales.

   La Ley 39/2015 representa exactamente lo contrario: ha sido fruto del apresuramiento y la consiguiente falta de reflexión profunda; refleja una miopía evidente, atenta principalmente a solventar problemas puntuales y concretos; en el nivel de los principios, no existe modificación de trascendencia; y a pesar de incorporar la denominada Administración electrónica no contiene ninguna innovación de relieve; y cuando se introducen cambios importantes, se realizan con una clara reducción de garantías del ciudadano e ignorando los problemas de una brecha digital que, precisamente,  contribuye a agrandar.

    Como botón de muestra del nivel de la norma, bastará con referirnos al revolucionario cambio consistente en la elevación de rango que supone la incorporación en bloque de los principales reglamentos que desarrollaban la Ley 30/1992. Creo que es una técnica que no merece mayor comentario.

        n las próximas entradas iremos desgranaremos los aspecto más criticables de la reforma.

Compartir Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>