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Mesa General de negociación: composición.

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Mesa General de negociación: composición.
 

  La falta de claridad del EBEP junto con el ánimo de favorecer la representatividad de determinados sindicatos ha dado lugar a un problema de trascendencia a la hora de elucidar la composición concreta de la Mesa General de Negociación en las Administraciones Públicas (MGN).

El art. 36. del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece lo siguiente: “

“1. Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. La representación de éstas será unitaria, estará presidida por la Administración General del Estado y contará con representantes de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias, en función de las materias a negociar.

La representación de las Organizaciones Sindicales legitimadas para estar presentes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal, Delegados de Personal, Juntas de Personal y Comités de Empresa, en el conjunto de las Administraciones Públicas.

….3…Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado anterior sobre representación de las Organizaciones Sindicales en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en consideración en cada caso los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal funcionario y laboral del correspondiente ámbito de representación.

Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las Organizaciones Sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate.”

   Con base en dicha norma se presentan dos posiciones principales en la jurisprudencia de los TSJ (cabrían más) –que conozcamos, no ha habido pronunciamiento del Tribunal Supremo de carácter específico- Ambas posturas parten de la tesis denominada “representación acumulada” (no es posible estar en la MGN ostentando exclusivamente el 10% o más de la representación en uno de los dos colectivos de empleados, laboral o funcionarial). Pero dentro de esa tesis se plantean dos posturas que dan lugar a resultado ciertamente dispares:

   1ª Una parte de la jurisprudencia ha mantenido que para estar presente en la MGN ha de exigirse que el sindicato haya obtenido al menos el 10% de la representación sindical unitaria tanto en los dos colectivos –laborales y funcionarios. Su razonamiento se concreta en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 31 Oct. 2013, rec. 148/2013, en los siguientes términos:

“se estima la necesidad para la legitimación del sindicato a estar presente en la Mesa General de Negociación en el ámbito de la Administración autonómica de tener el 10% de la representación tanto en el ámbito del personal funcionario como del personal laboral, lo que se infiere del art 36.3 EBEP que según hemos visto señala en relación a la Mesa General de Negociación de cada una de las Administraciones públicas que “Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado anterior sobre representación de las Organizaciones Sindicales en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en consideración en cada caso los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal funcionario y laboral del correspondiente ámbito de representación.” De esta forma el EBEP exige la concurrencia de la representatividad en relación al personal laboral y funcionario, no sesgadamente en relación a cada una de estas clases de personal ni siquiera globalmente considerado de tal manera que la mayor representatividad en uno de dichos ámbitos pueda compensar la menor representatividad en el restante, postura que se considera la más adecuada desde el punto de vista teleológico en cuanto que, si las cuestiones que se van a tratar en su seno afectan a ambos tipos de personal resulta lógica la exigibilidad de representatividad en cada uno de los ámbitos. Por otro lado tal posición resulta también corroborada por el inciso final del art 36.3 del EBEP que señala: “Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las Organizaciones Sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate.” De esta manera se emplea en este caso la conjunción disyuntiva o permitiendo en este caso la inclusión en la Mesa General de Negociación de aquellos sindicatos que obtuvieran el 10% de representatividad tan solo en el ámbito del personal funcionario o de personal laboral alternativamente. Pero para ello se exige que se trate de organizaciones sindicales que formen parte de la negociación de las Administraciones Publicas, exigiendo así un plus de representatividad para formar parte de la Mesa General de Negociación de una Administración Pública cuando se ostente tan solo la representatividad del 10% en el ámbito del personal funcionario o del laboral”

   Además, se suele traer a colación, como apoyo de esta tesis la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª) de 17 abril 2013 dictada en el Recurso de Casación núm. 2145/2012 que aborda el tema, pero de manera indirecta al tratar otras cuestiones diferentes a las aquí planteadas y que, a nuestro juicio, no dice lo que esta línea jurisprudencial pretende.En la misma línea existen otras Sentencias como son la SSTSJ de Castilla La Mancha de 21 de mayo de 2009 y 11 de mayo de 2011.

   2ª La segunda línea interpretativa consiste en sostener que el porcentaje (10%) ha de exigirse de forma “acumulada” pero “conjunta”; es decir, bastaría el 10% del total de la representación unitaria de los dos colectivos. Esta línea se recoge con claridad en la reciente sentencia del TSJ de Canarias de 23 de marzo de 2015 (rec.27/2015), del siguiente modo:

“El artículo 36.3.2º del Estatuto Básico del Empleado Público constituye la Mesa General en el Ayuntamiento con los Sindicatos que tengan un 10% de mínima representación (artículo 7.2 de la Ley de Ley de Libertad Sindical y el 33.2 del EBEP ), “tomando en consideración en cada caso los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación de personal funcionario y laboral del correspondiente ámbito de representación”. Este precepto da pie para pensar que la legitimación ha de calcularse por referencia al número de representantes totales y no por separado en función del número de representantes funcionariales o laborales. Así la mínima representatividad sindical ha de referirse al total de los empleados públicos y no a la clase de empleados públicos.

  Según el 36.3 TREBEP también estarán presentes en la Mesa General del Ayuntamiento las Organizaciones Sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la mesa que se trate.

   La alternativa de la representación entre personal funcionario o laboral del párrafo 3º no implica necesariamente que el párrafo anterior haya establecido la doble representación sindical de las dos clases de empleados públicos. La Ley no ha expresado categóricamente este criterio restrictivo del derecho fundamental a la libertad sindical así que no debería entenderse como el único posible que conduciría al absurdo de negar legitimación a Sindicatos con altísima implantación en el personal funcionario y ninguna en el personal laboral o viceversa. Los estatutos del Sindicato de Policías Locales recurrente limitan su actuación a la defensa de la Policía Local por lo que no puede tener representación de personal en régimen laboral. Es necesario optar por la alternativa menos gravosa para optimizar el ejercicio de los derechos fundamentales. La idea es favorecer la máxima de participación de los Sindicatos que formen parte en uno de los órganos de representación de los empleados públicos con unos requisitos mínimos para garantizar la legitimación conforme al principio de proporcionalidad con el que han de ser ponderados los bienes en conflicto. “Es razonable que se asegure la presencia en cada concreto ámbito de actuación de los intereses generales y del conjunto de los trabajadores ( STC 98/1995 ); pero también lo es que ello no se haga a costa de impedir la presencia en dicho ámbito de un Sindicato que, aun no siendo más representativo, tiene notable presencia en aquél ( STC 184/87 )”.

   Por ello no se ha de exigir representatividad acumulada en ambos ámbitos del empleo público; lo decisivo es la presencia mínima de los representados con independencia de su régimen jurídico. No se trata de fusionar las mesas de negociación de ambos colectivos sino de constituir una nueva con Sindicatos representativos, sean de funcionarios y/o de laborales, con un porcentaje referido al total de representantes de los empleados públicos cuyas condiciones de trabajo comunes se negocian en la Mesa de Negociación conjunta. El criterio apelado ha de desecharse por restringir la participación de los órganos de representación.

    Tampoco basta el criterio de la representatividad por referencia al número de representantes en cada colectivo. Descartar este criterio mínimo evita también el exceso de representación de un colectivo de menor tamaño que se produciría si sólo se exigiese el 10% de representantes de cada colectivo y no de la suma de ambos.

    En cambio la solución propuesta por la entidad recurrente fue la adoptada en la STS de 21 de noviembre de 1994 (recurso de apelación 5831/92 ) que interpreta el artículo 39.2 de la derogada Ley 9/87 en el sentido de que para constituir un órgano de representación de todo el personal de la Administración Pública, tanto funcionarios como laborales, “la audiencia y consiguiente representatividad la mide el conjunto de representantes – sean laborales o estrictamente funcionariales – que el Sindicato haya obtenido en el ámbito territorial y funcional correspondiente” de manera que se excluye al Sindicato recurrente que sólo tenía el 10% en su colectivo específico”

   Esta línea jurisprudencial también se ha considerado acertada en otras Sentencias como las SSTSJ de Extremadura de 29 de noviembre de 2007, Sevilla de 22 de enero de 2009 y Comunidad Valenciana de 27 de julio de 2009.

   A nuestro modo de ver, la solución propugnada que pasa por computar la representatividad de forma acumulada y conjunta es más respetuosa con el derecho fundamental a la libertad sindical, referido en este caso a su contenido adicional de negociación colectiva, que, según constante jurisprudencia, forma parte de dicho derecho fundamental. Además, es más favorable a la mayor representatividad. En esta misma línea se pronuncia parte de la doctrina científica más autorizada (MAURI MAJOS y ROQUETA BUJ).

    No obstante la jurisprudencia seguirá tratando estos temas porque los grandes sindicatos, claramente favorecidos por la interpretación más restrictiva, seguirán intentando conservar su hegemonía.

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