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Sigue la deslaboralización del empleo público

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Sigue la deslaboralización del empleo público
 

   Como comentábamos en una entrada anterior, se ha puesto en marcha en la Administración pública un proceso de incalculable dimensión que podríamos denominar de “huida del derecho laboral” mediante el recurso a la contratación de funcionarios interinos tanto para la “ejecución de programas de carácter temporal”, como para los casos de acumulación de tareas (art.10.1.c y d EBEP). Tal proceso sitúa a la Administración en una posición de ventaja respecto al trabajador, poniéndola a salvo de la jusrisdicción social que, salvo en el caso excepcional citado de la STSJA de 27 de junio de 2014, rec. 1120/2014, se está limitando a constatar, ante las demandas que recibe, su incompetencia de jurisdicción -se trata de funcionarios interinos que acuden a solicitar amparo a la jurisdicción social-. Por su parte la jurisdicción contencioso-administrativa aplica con rigor las tradicionales recetas que dejan indefenso al interino sea cual sea el nivel de incumplimiento de la ley del empleador.

  Ante esta tesitura es preciso tener en cuenta que el Estado mediante la Instrucción Conjunta de las Secretarias de Estado de Hacienda y Presupuestos y para la Función Pública de 17 de noviembre de 2010 -modificadora de la anterior de 2007- trasladó, a todos los efectos, estas previsiones al ámbito estatal, señalando imperativamente  que  “se acudirá al nombramiento de funcionarios interinos y no a la contratación de personal laboral temporal para ejecutar programas de carácter no permanente y atender el exceso o acumulación de tareas” si bien limitando este tipo de actuación a los casos en que se “requiera la realización de funciones de apoyo administrativo o burocrático y, en general, para efectuar todas aquellas funciones para las que existan Cuerpos, Escalas de funcionarios. y Especialidades de funcionarios incluidos en las ofertas de empleo público”.

  Recientemente los gobiernos regionales han comenzado a dictar disposiciones generales e instrucciones al respecto, si bien con alguna que otra matización:

  Así la Comunidad de Madrid mediante Orden de 15 de octubre de 2009, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regulan los criterios y procedimiento de autorización de nombramiento de funcionarios interinos en los supuestos previstos en el artículo 10.1, apartados c) y d), de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público regula la cuestión señalando imperativamente  que  “se acudirá al nombramiento de funcionarios interinos y no a la contratación de personal laboral temporal para ejecutar programas de carácter no permanente y atender el exceso o acumulación de tareas” si bien limitando este tipo de actuación a los casos en que se “requiera la realización de funciones de apoyo administrativo o burocrático y, en general, para efectuar todas aquellas funciones para las que existan Cuerpos, Escalas y Especialidades de funcionarios incluidos en las ofertas de empleo público”.

  La actuación en idéntica dirección de los ayuntamientos no se ha hecho esperar -valga por todos Madrid- y para las más variopintas funciones -véase el caso del Ayuntamiento de Nijar para profesores de música y danza-. Y dentro de esa línea se empieza a aplicar la misma receta a programas de inserción como reacción a las resoluciones judiciales del orden social que imponen la el carácter de personal laboral indefinido a los trabajadores de estos programas que realizan funciones a las del personal laboral fijo equiparable.

  Este estado de las cosas se produce tanto por la inexistencia de una normativa que permita a la Administración contratar a trabajadores de programas temporales con normalidad, como por la defectuosa concepción de las políticas de empleo (principalmente por parte de las Comunidades Autónomas); pero nada justifica la deriva actual. A estos efectos ha de recordarse que la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, aun no ha tenido la exigible transposición al ámbito de la función pública, a pesar de que el plazo concluía en 2001.

 Sin duda pronto veremos el final de la escapada. Continuará…

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