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Elección de alcalde: ¿votación secreta?
Los resultados electorales del pasado día 24 han supuesto, con carácter general, una importante fragmentación de la representación política en los Ayuntamientos españoles; lo que unido a la incorporación de nuevos actores teóricamente enfrentados al statu quo institucional, conduce a la concurrencia de un nada desdeñable factor de incertidumbre sobre quién será el máximo mandatario local de cada ciudad el día 13 de junio. En el actual escenario político, sin lugar a dudas, resulta especialmente relevante para la opinión pública constatar qué comportamiento adopta cada formación política en el proceso de pactos, apoyos y posicionamientos que conduce a la elección de ese día. Los partidos políticos lo saben bien y de ahí la continua escenificación del proceso que los medios de comunicación nos transmiten a diario.
Y en ese proceso adquiere indudable relevancia la dinámica de las sesiones constitutivas municipales que tendrán lugar el día 13 de junio, afectando a muchas y relevantes cuestiones, y entre ellas a la selección del sistema a emplear para decidir quien ocupara la alcaldía.
¿Puede elegirse el alcalde empleando un sistema de votación secreta? En el sistema ordinario (art. 196 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General), dejando al margen patologías, el Alcalde se elige mediante una única votación de los concejales electos que puede concluir con la concurrencia de mayoría absoluta de votos a favor de uno de los candidatos, en cuyo caso dicho candidato será el proclamado alcalde, o, en caso contrario, resultará elegido el cabeza de la lista más votada.
La cuestión que se plantea alude al sistema a emplear en esa única y decisiva votación, y en concreto a si es posible utilizar el sistema de votación secreta. No es un tema ni mucho menos baladí, ya que se trata un sistema utilizado habitualmente. Es más, podría afirmarse incluso que será el mayoritariamente empleado el día 13.
¿Resultaría admisible este proceder? En el plano jurídico, se han mantenido dos posiciones doctrinales mayoritarias, y una más residual:
1ª La utilización del sistema de votación secreta es obligatoria: no cabe elegir otro sistema con fundamento en que el art. 5 de la ley electoral (ubicado sistemáticamente en el Titulo I, de disposiciones comunes al sufragio universal directo), prohíbe obligar a revelar el voto.
2º El sistema de votación es el ordinario (a mano alzada), pero puede utilizarse cualquiera de los otros dos, el nominal (mediante llamamiento individual en el que cada concejal expresa el sentido de su voto) o el secreto (utilizando urna y papeletas y sobres), si alguien lo propone y el pleno así lo acuerda. A juicio de quienes sostienen esta posición, la legislación electoral no establece un régimen específico para la elección de Alcalde, por lo que es aplicable el art. 102 del Reglamento que regula la organización municipal que completa la Ley, sin oponerse a la misma, entendiendo que el art. 70 de la Ley de Bases de Régimen Local, cuando posibilita el debate y votación secretos por el pleno municipal para asuntos que afecten a los derechos contemplados en el art.18.1 de la Constitución – derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen- no establece un numerus clausus de asuntos que puedan ser objeto de votación secreta, sino una previsión como excepción al régimen público de las sesiones plenarias.
3º La hasta el momento posición minoritaria sostiene que no es posible utilizar la votación secreta dado que la norma que contempla esta posibilidad para la elección y destitución de personas es meramente reglamentaria y se opone a lo preceptuado en los art. 46.2 d) y 70 de la Ley de Bases del Régimen Local, que regula el debate y votación secreta únicamente para los asuntos que afecten a los derechos constitucionales del art. 18.1 de la Constitución.
Dejando al margen las diferencias entre debate secreto, como excepción al régimen público de las sesiones, y votación secreta. que se realizaría, en el caso de elección de alcalde, en una sesión pública, lo cierto es que el debate puede situarse ahora, a la vista de los acontecimientos electorales y la deriva posterior, en primer plano.
Planteando ya la pregunta frontalmente: ¿Puede decirse que una elección de alcalde mediante votación secreta es legalmente asumible a la vista de la normativa contra el transfuguismo y la más reciente sobre transparencia en la actuación de los poderes públicos?
La cuestión es relevante y requiere de un posicionamiento claro pues muchos de los ayuntamientos de nuestras principales ciudades tienen normas reglamentarias internas que o bien permite la elección del Alcalde mediante votación secreta o directamente imponen este sistema sin posibilidad de opción (Madrid, Gijón, Valladolid, Santander…).
Desde un punto de vista constitucional, la elección del alcalde mediante votación secreta podría apoyarse en la defensa de la libertad de cada concejal, cuya actuación forma parte del núcleo esencial de su función representativa que no puede ser condicionada por los partidos políticos. Lo que ocurre es que a día de hoy, frente a esa argumentación, concurren principios y derechos que incluso forman parte del acervo comunitario europeo.
La II Adenda al pacto sobre transfuguismo en las corporaciones locales recoge en su motivación que la celebración de los acuerdos previos sobre transfuguismo permitió fomentar y consolidar la conciencia social del carácter inadmisible y la naturaleza políticamente patológica de tales comportamientos, incompatibles con el sano funcionamiento de una democracia representativa en el nivel local, lo que ha conducido a la realización de algunas reformas legislativas significativas para poner de manifiesto ante la sociedad las conductas de transfuguismo y delimitar institucionalmente a los que incurren en ellas, como son la exigencia de las votaciones nominales en las mociones de censura y la creación de la figura de los “concejales no adscritos”, que no pueden integrarse en grupo alguno.
Y en su articulado señala que se consideran tránsfugas los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo – manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad.
Por lo demás, el disvalor de la conducta del tránsfuga ha sido confirmado por el Tribunal Constitucional, al afirmar que la actitud del tránsfuga, que, aun ejerciendo su derecho individual , altera el equilibrio de fuerzas derivado del grupo político con el que había concurrido a las elecciones, otorgando con su conducta la mayoría a otro grupo hasta ese momento minoritario, altera la representación democrática, pues la votación a un determinado partido político se efectúa no sólo por la calidad de las personas que lo integran en las listas electorales, sino por la perspectiva política e ideológica que representan» (STC 9/2012, FJ 4, cuya doctrina reitera la STC 30/2012, de 1 de marzo).
De lo expresado se infiere con claridad que el momento de la elección de alcalde podría ser especialmente crítico en materia de transfuguismo, que la actuación del tránsfuga se manifestaría precisamente en el momento de la votación y que el carácter secreto de ésta propiciaría comportamientos de este tipo contrarios al principio democrático sustentado en el pluralismo político como valor jurídico fundamental de nuestro sistema constitucional.
En segundo término, aunque no con menor nivel de importancia, concurre el derecho de los ciudadanos a la transparencia y el buen gobierno de los poderes públicos, que como principio comunitario se concreta en el desarrollo de los procesos decisorios aplicados en las instituciones, afirmándose ya en el Tratado de Maastricht que las decisiones, en este caso a escala europea, deberían tomarse lo más cercana y abiertamente posible de cara al ciudadano. A día de hoy, el principio de transparencia vinculado al derecho de acceso a la información tiene el carácter de derecho fundamental desde el Tratado de Lisboa y se ha incorporado al derecho nacional mediante la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, cuyo preámbulo señala que “sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”. Este derecho a la transparencia sólo cede ante principios, valores o derechos de rango constitucional expresamente contemplados en normas de ese rango.
Al respecto es interesante conocer que cuando la justicia comunitaria se ha enfrentado con casos de restricción de acceso a informaciones consistentes en deliberaciones secretas que formaban parte de procesos decisorios de los poderes públicos, ha señalado que tales restricciones, por oponerse al principio democrático, han de ser interpretadas restrictivamente (Suecia y Turco vs. Consejo de la UE); incluso en casos tan delicados como los que afectaban a exportaciones armamentísticas (Hautala vs. Consejo de la UE). Los supuestos en los que se ha confirmado la restricción inicial de acceso se han fundamentado en la concurrencia de otros derechos de igual rango que serían vulnerados.
Nuestro Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en un asunto materialmente próximo al que tratamos en su Sentencia de 26 de setiembre de 2013, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad 1741/2004 interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de modernización del gobierno local. En ella al tratar de la inconstitucionalidad que podría concurrir al permitirse la delegación interorgánica de competencias del pleno municipal en la junta de gobierno, órgano cuyas sesiones, a diferencia de las del pleno, no son públicas, señaló: La exigencia de publicidad de la actividad desarrollada por los órganos de carácter representativo se constituye como un instrumento que posibilita el control político de los elegidos por los electores y se proyecta en relación con la publicidad de sus sesiones, la publicación de las deliberaciones y los acuerdos adoptados, y el acceso a la documentación que los sirva de soporte. Esta exigencia de publicidad es, por tanto, no solo una genérica manifestación del principio democrático del Estado (art. 1.1 CE), sino también una manifestación del derecho de los ciudadanos a la participación directa en los asuntos públicos (art. 23.1 CE).
Volviendo a la pregunta inicial, exenta de ropajes jurídicos: ¿se elegirán nuestros alcaldes el próximo día 13 mediante votación secreta?
A nuestro juicio no debería actuarse así: En primer término, porque tal proceder no tiene más apoyo jurídico que normas reglamentarias que son contrarias a lo dispuesto al ordenamiento constitucional y europeo; el art.70 de la ley básica de régimen local sólo posibilita la votación secreta para la protección de derechos fundamentales contemplados en el art.18.1 de la Constitución. Y en segundo lugar, porque la sociedad española reprobaría sin duda ese proceder. El derecho a conocer a qué candidato a alcalde apoya cada concejal así lo exige, y más en la antesala de las próximas elecciones generales en las que será clave constatar el comportamiento de cada partido político.
Excelente artículo, y totalmente de acuerdo. Gracias.