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Mejoras voluntarias de la Seguridad Social

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Mejoras voluntarias de la Seguridad Social
 

   Las mejoras voluntarias al régimen de protección de la Seguridad Social son prestaciones complementarias que, en la situación actual, van a situarse como aspecto nuclear de la negociación colectiva y, en particular, de la negociación colectiva en las Administraciones públicas.

   Se trata de mejoras en materia de asistencia sanitaria, incapacidad, maternidad, jubilación, muerte y supervivencia, y prestaciones familiares. Ya eran un asunto importante, existiendo un régimen de seguridad social suficientemente protector, pero con la disminución de la protección que las medidas contra la crisis están suponiendo y la férrea prohibición de mejoras salariales, las convierte en un tema estrella.

    Además, la devaluación de los convenios colectivos y pactos existentes, producida por la aplicación de las medidas anticrisis que una y otra vez reiteran su suspensión o derogación, debería haber dado lugar a la negociación de nuevos instrumentos colectivos en los que potenciar las mejoras a las que nos referimos.

    Inexplicablemente, la representación sindical, en verdadero estado de sock, ha perdido toda iniciativa, en permanente paralización dedicada a  intentar restar los efectos de cada una de las medidas que el Gobierno con escaso éxito.

   Probablemente, más pronto que tarde, se caerá en la cuenta de que aún existen importantes materias en las que el mantenimiento de la calidad del empleo público puede apoyarse, y que sólo podrán utilizarse eficazmente a través de la negociación colectiva.

   Es ahí donde el asunto de las mejoras voluntarias cobra valor, no para repetir las prácticas existentes, en las que, por ilegales, no debe recalarse, sino para articular, dentro de las posibilidades de cada entidad, un sistema de protección por encima de los mínimos legalmente establecidos.

    El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ya ha puesto sobre la mesa las reglas de juego en materia de incapacidad temporal, pero en el resto del ámbito, si algo existe es desregulación.

   A la hora de abordar esta cuestión han de tenerse en cuenta, al menos, dos cuestiones fundamentales:

  1ª Deben diferenciarse dos ámbitos subjetivos: personal laboral y los funcionarios públicos, con distinto régimen, pero en este moneto sometidos a un importante movimiento de homogenizador.

   2º Como asunto central que afecta a todos los supuestos, se presenta el dilucidar cuál sea la naturaleza jurídica de las mejoras voluntarias.

   En este último aspecto, la postura mayoritaria de los Tribunales contencio-administrativos ha sido considerarlas como conceptos retributivos o salario. Si así fuese, el recorrido sería realmente corto; sobre todo en el ámbito funcionariasl.

   No obstante, el asunto no es realmente tan sencillo.

   Más allá del marco específico de la cotización, no existe un concepto legal de las mejoras. Si se acude a su verdadera naturaleza, lo cierto es que establecer una naturaleza salarial no es razonable, ya que estamos ante prestaciones asistenciales cuyo objeto es complementar el régimnen de la Seguridad Social. Mejoras voluntarias que no pretenden sustituir el Régimen de Seguridad Social ni constituyen, en consecuencia, una reforma de dicho régimen que deba ser negociada a nivel estatal, sino que su única finalidad, es complementar las prestaciones de Seguridad Social, pero no las sustituyen.

   Y ahí es donde han de tenerse en cuenta la línea predominante en la jurisdicción social, y la evolución existente en la jurisdicción contencioso-administrativa, recogida en la STSJ de Cantabria, de 8 de abril de 2002, Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso 671/2001, para ensayar una nueva exégesis  que, en los términos recogidos en la propia sentencia, de conformidad con el principio de autonomía de los Municipios, se permite a los Ayuntamientos, bien por propia iniciativa o bien tras negociación con sus funcionarios, el establecimiento de las mejoras previstas en el art. 192 de la Ley General de la Seguridad Social pues ninguna condición, término o plazo se establece respecto del art. 181 del TRLGSS de 1974 en el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General del Especial de los Funcionarios de la Administración Local, ni tampoco en el actual art. 192 del TRLGSS de 1994 se establece condición alguna respecto de su aplicación al personal funcionario, ni, por último, tampoco la regulación impugnada infringe lo establecido en las Leyes de Presupuesto u otras normas de rango de Ley.

Por último, tener en cuenta un dato de especial trascendencia: el artículo 37.1.e) del Estatuto Básico del Empleado Público reconoce como una de las materias negociables colectivamente a través de Acuerdos y Pactos los “Planes de Previsión Social Complementaria”.

Lo lógico sería regular este tipo de mejoras, pero a falta de normativa general, lo dicho no es poco.

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