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Urbanismo y fútbol

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Urbanismo y fútbol
 

   Realizo este comentario ante la buena noticia que supone el saber que los dos grandes equipos de fútbol de la capital, extensible al resto de equipos del país, no están por encima del bien y del mal en materia urbanística aunque los políticos sí lo crean y se empeñen en demostrarlo reincidentemente otorgándoles privilegios y grandes réditos económicos derivados de operaciones urbanísticas a la carta que de no ser ellos, estarían fuera del alcance de cualquier otro simple mortal. Y ello sin entrar en el beneficioso tratamiento del que sin duda ya gozan con la Hacienda Pública, lo que daría pie a otro y más extenso comentario. Paso al relato de los hechos:

   El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó hace apenas dos meses una sentencia anulando la modificación puntual del plan general de Madrid que permitía la ampliación y cubrición del estadio Santiago Bernabéu sobre suelos públicos en el paseo de la Castellana, así como la construcción de un hotel y un centro comercial de lujo. A cambio, el Real Madrid Club de Fútbol ejecutaría un parque sobre los terrenos actualmente ocupados por el centro comercial “la esquina del Bernabeú” así como la cesión para su uso y destino públicos de cuatro parcelas en el barrio de Carabanchel a más de 10 Kilómetros de distancia.

    Esta operación urbanística proyectada, al igual que lo fue la concerniente a las cuatro mega torres construidas sobre los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, suponía un nuevo “pelotazo” que engordaría las arcas de esta Entidad deportiva con la connivencia del Gobierno Local cuyos políticos más bien parecen estar a las órdenes de esta gran empresa y de su mediático Presidente que no de velar por el bien de sus conciudadanos.

   Sin embargo, el TSJM determinó con absoluta pulcritud y fundamentos revestidos de “blanco inmaculado”, que esta actuación urbanística adolecía del interés general que debe presidir toda modificación de planeamiento por cuanto relacionar el distrito de Carabanchel con el paseo de la Castellana era una maniobra claramente ficticia únicamente planteada en favor de la entidad privada y sus particulares intereses ya que los valores de estos suelos permutados no podían ser equiparables. Es más, el Tribunal dejó entrever que ello podría suponer, tal y como investiga la Unión Europea, una ayuda estatal por cuanto el club obtenía un beneficio económico que ronda los 20 millones de euros.

    A raíz de esta Sentencia, seguramente multitud de aficionados blancos opinaran –porque ya se sabe que en esto del fútbol todos somos entrenadores –que  los Magistrados estaban influenciados por sus sentimientos rojiblancos y de ahí el varapalo judicial conferido a su mayor enemigo futbolero.

  Ahora bien, acallando estos comentarios de indudable rigor urbanístico, la sorpresa mayúscula se produjo en apenas un mes desde aquella decisión judicial, cuando el mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló igualmente la operación urbanística diseñada por el Ayuntamiento de la capital y el Atlético de Madrid para derribar el estadio Vicente Calderón, construir 2.000 viviendas en dos rascacielos y ocho bloques de hasta 22 alturas sobre la parcela que actualmente ocupa el estadio junto al río Manzanares, y trasladar al club de fútbol al campo de La Peineta, al otro lado de la ciudad.

   El origen de este otro caso que afectaba al vecino equipo futbolero, es el plan urbanístico aprobado por el Gobierno municipal por el que se pretendía, mediante una intrincada actuación de ingeniería jurídico-económico-urbanística, remodelar la ciudad supuestamente en beneficio del interés público aunque apoyada como era de esperar en el magnánimo –aunque ahora ya no tanto –poder del ladrillo. A fin de cuentas, suponía una nueva prebenda política a intereses privados con objeto de compensar al equipo de fútbol “pobre” de la capital los beneficios asignados al vecino rico con las cuatro torres de Castellana y la pretendida remodelación y ampliación del estadio Santiago Bernabéu.

   En esta nueva decisión judicial casi coetánea a la anterior, los magistrados estiman que en ese ámbito del Manzanares no es posible, de acuerdo con la ley regional del suelo aprobada en 2007 por Esperanza Aguirre, construir edificios de más de cuatro alturas. Y ello a pesar de que el propio Gobierno Local había pretendido blindar y salvaguardar jurídicamente esta operación modificando en abril de 2013 la Ley de Suelo Autonómica introduciendo un matiz jurídico por el  cual el límite de alturas no sería “de aplicación al suelo que estuviera clasificado como urbano antes de la entrada en vigor de la ley, ni a las futuras modificaciones o revisiones de planeamiento que se tramiten sobre el mismo ni a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que lo afecten”.

  No obstante y pese a esta modificación “a la carta” de la Legislación urbanística nuevamente en beneficio de una Entidad privada –aunque no cualquiera –el TSJM consideró que el ámbito del Calderón sí está afectado por la limitación de las alturas pese al cambio legal de 2013, porque es “un auténtico nuevo desarrollo urbanístico que transforma totalmente el ámbito”, debiendo someterse a la ley del suelo ahora en vigor al igual que cualquier otro administrado.

   Tras este segundo revés judicial al mundo del fútbol, o mejor dicho, a estas dos gigantes empresas privadas que lo abanderan, se acabaron de un plumazo los argumentos forofos que pretenden, sin conseguirlo, desacreditar los acertados fundamentos exclusivamente jurídicos que han utilizado los Magistrados del TSJM resumidos en que toda actuación urbanística ha de venir únicamente avalada en criterios de oportunidad sobre la base del interés general y, por supuesto, con estricta aplicación del ordenamiento jurídico vigente el cual es igual para todos, aunque a muchos políticos tristemente se les olvide esta simple obviedad.

  Por si no lo he dicho antes, soy blanco hasta la médula y por ello grito alto y claro ¡Hala Madrid!, pero Madrid como ciudad en donde nací y a la que adoro, deseando no verla trasformada urbanísticamente en favor exclusivo de intereses particulares de grandes empresas y, particularmente, de sus dos equipos de fútbol más relevantes, incluido el mío, aunque ello vaya en detrimento de satisfacer en el futuro mis deseos balompédicos. “Fair Play” para todos.

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